El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución n.º 3379, que declaraba al sionismo como una forma de racismo. Setenta y dos países votaron a favor, 35 en contra y 32 se abstuvieron. Este resultado reflejó la alianza de tres poderosas fuerzas: los veinte estados árabes, el bloque soviético y los regímenes dictatoriales del «tercer mundo». Juntos formaron una coalición no oficial que podía garantizar prácticamente la adopción de cualquier iniciativa que se alineara con sus intereses políticos.

Aunque la resolución tenía un carácter recomendatorio y no poseía fuerza legal, su significado simbólico fue enorme. De hecho, se negó al pueblo judío el derecho a la autodeterminación nacional en su tierra histórica. Además, proporcionó una cobertura ideológica para el antisemitismo, permitiendo a los enemigos de los judíos ocultar sus puntos de vista detrás de los lemas de «lucha contra el sionismo».

La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. El embajador de EE.UU. ante la ONU, Daniel Patrick Moynihan, condenó enérgicamente la resolución:
«Los Estados Unidos declaran a la Asamblea General de la ONU y al mundo entero que no reconocen, no respetarán y nunca se someterán a este acto vergonzoso… La mentira es que el sionismo es una forma de racismo. La verdad es que no lo es».

Pero fue precisamente la intervención del representante israelí, Chaim Herzog, la que se convirtió en un momento histórico. Su discurso, lleno de ira y dignidad, resonó con la trágica memoria del Holocausto:
«Hitler se sentiría como en casa aquí. Esta resolución se basa en el odio, la mentira y la arrogancia. Carece de todo valor moral o legal. Para los judíos, esto no es más que un pedazo de papel, y así lo consideraremos».

Con estas palabras, Herzog desgarró simbólicamente el texto de la resolución, subrayando su insignificancia para el pueblo judío. Este gesto se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia contra la injusticia y la hipocresía.

La resolución n.º 3379 permaneció en vigor hasta 1991, cuando finalmente fue revocada. Sin embargo, sus lecciones hoy han adquirido una relevancia especial en el contexto de la postura de la dirección de la ONU sobre los eventos del 7 de octubre. Una vez más, las instituciones internacionales, en lugar de proteger los derechos humanos y apoyar los principios fundamentales de justicia, se han convertido en un escenario de manipulación política y relativismo moral. La historia de la resolución n.º 3379 nos recuerda que el olvido de los principios básicos amenaza no solo a los estados individuales, sino también a la confianza en el derecho internacional mismo.